La Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (ADIMA) ante las informaciones y noticias que han aparecido y que ofrecen una imagen de la entidad que no responde a la realidad, expone:

ADIMA es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla Programas y Actividades cuyo único fin es promover y mejorar el buen trato a la Infancia y Adolescencia, teniendo como objetivo primordial, el reconocimiento de los Derechos de la Infancia y su consideración dentro de la sociedad.

ADIMA no tiene filiación política ni ideológica y trabaja en coordinación con todos los sectores, administraciones y profesionales de los distintos ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia, desde una posición de imparcialidad, profesionalidad y rigurosidad, teniendo por ello reconocimiento de instituciones públicas y privadas que trabajan por los Derechos de la Infancia.

Desde nuestra entidad se apuesta por metodologías basadas en la evidencia científica, habiéndose validado empíricamente y por profesionales de la Universidad de Barcelona, uno de los Programas que se desarrollan para la Junta de Andalucía. Así el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia Sexual, cuenta con una calificación de “Excelencia”, por cumplir los estándares de calidad que a nivel internacional se requieren en los Modelos de Atención a la Violencia Sexual en la Infancia.

En todos los Programas y Actividades de la entidad se siguen protocolos y directrices determinadas y avaladas por la comunidad científica, entendiendo que es el único camino para ofrecer a la población infantojuvenil, recursos objetivos, válidos y de calidad, bajo el principio del bien superior del menor.

Por último, y en relación al caso al que se alude en las informaciones y noticias, ADIMA considera que responder a los insultos y calumnias que se han vertido sobre la entidad y sus profesionales, podría seguir vulnerando el derecho a la protección y la intimidad de un menor de edad, por lo que la entidad no va a responder a dichas declaraciones.

Por nuestra parte, en última instancia, recordar que los procedimientos judiciales de violencia sexual en la Infancia implican decisiones judiciales que resultan de la valoración de múltiples pruebas, en las que a veces se tienen en cuenta argumentarios realizados por los peritos de la Fiscalía y otras veces los que aportan los peritos de la Defensa, ya que la valoración de las pruebas, según nuestra Constitución, corresponde en exclusiva, a jueces y magistrados, debiendo ser siempre respetuosos con las decisiones adoptadas por cualquier Tribunal.

En Sevilla a 4 de agosto de 2022

Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato.