Adima

La detección de abusos a menores sube un 1.000% en siete años

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha detectado este año 700 casos de abusos sexuales a menores. Son 162 más que el año pasado, pero, sobre todo, supone un incremento casi del 1.000% en tan sólo siete años: en el año 2002, el programa de atención a menores víctimas de abusos atendió 74 casos. Como ocurre en la lucha contra la violencia de género, el incremento tan elevado de víctimas tratadas no significa que haya aumentado el número de abusos, sino que ahora se descubren situaciones que antes permanecían ocultas. “Nos llama la atención el número de casos, pero nos tranquiliza saber que estamos llegando a situaciones que ya estaban ahí pero que no salían a la luz”, admite la directora general de Infancia y Familias, Carmen Belinchón.

Los responsables de esta labor coinciden en que ha sido determinante la extensión del programa a las ocho provincias. Hasta el año 2008 sólo se prestaba en Sevilla y Cádiz y los menores de otras provincias tenían que desplazarse para recibir tratamiento. Además, según Pedro Jaén, presidente de Adima, una de las asociaciones que trabaja en estos programas con la Junta, la presencia del servicio en la provincia beneficia a la difusión y a la conciencia social. “Hasta ahora la mayoría de los abusos sufridos en la infancia se siguen detectando cuando la víctima ya es adulta. Lo ideal sería darle la vuelta a esa tendencia”, apunta Jaén.

No hay un perfil tipo de víctimas, aunque predominan los adolescentes (entre 13 y 18 años). Ellos sufren el 45% de los abusos sexuales cometidos sobre menores. El 30% se cometen sobre niños o niñas de entre 7 y 12 años y el 25% tiene entre 0 y 6. La experiencia ha servido para identificar los síntomas que pueden esconder un abuso sexual y que ya conocen también los profesionales que trabajan a diario con niños, como pediatras o profesores. El silencio, una mirada triste o una actitud alicaída suelen ser un primer indicio, pero cada edad tiene “sus peculiaridades”, explica la directora general de Infancia.

Entre los más pequeños, la alerta la encienden conductas hipersexualizadas, terrores nocturnos, problemas con las figuras de autoridad o lo contrario (excesiva sumisión) y enuresis (incontinencia urinaria). En el siguiente tramo de edad (de 6 a 12 años) muchos casos se detectan por un cambio brusco en el rendimiento escolar o por fobias, mientras que en los adolescentes, la promiscuidad, la coerción sexual a otros chicos, la drogadicción, un intento de suicidio, la anorexia o la bulimia pueden tener su raíz en abusos sexuales.

La complejidad del diagnóstico se multiplica cuando el abusador es un familiar, lo que ocurre en el 47% de los casos. “El menor a veces normaliza determinados comportamientos hasta que se da cuenta de que está siendo víctima de abusos”, apunta la directora general. En otros casos, el niño es consciente de los abusos y se atreve a contarlo. “Pero no le creen”, cuenta Pedro Jaén, que alude también a situaciones en las que la víctima tiene que sumar al infierno de los abusos el de sentirse culpable. “Nos encontramos con chicas a las que su propia familia le dice que la culpa es suya por haber sido permisiva o seductora”.

La detección de los abusos es sólo el principio del trabajo de los profesionales. Después vendrán meses, en muchos casos años, de tratamiento psicológico, social y apoyo judicial. Un proceso que bien llevado puede borrar casi todas las secuelas, pero en el que aún quedan muchas cosas que mejorar. Para el presidente de Anima hay un paso pendiente que sería “crucial”: “La recuperación se facilitaría mucho si consiguiéramos que las declaraciones de la víctima durante la instrucción del caso se grabaran y valieran para el juicio. Lo contrario obliga a revivir la situación cuando ya se está saliendo de ella”.